Por: Eduardo Abusada Franco
¿Derechos humanos?
El hecho de ser privado de la libertad no implica en ningún modo negar la condición de ser humano al prisionero. El Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 10 que, "Todas las personas privadas de su libertad serán tratadas con humanidad y con el respeto inherente a la dignidad de la persona humana".
Sin embargo, las condiciones evidentes de sobrepoblación provocan un hacinamiento en el que se hace imposible que los internos puedan vivir en condiciones dignas. La alimentación y atención médica escasean. En estas condiciones de vida, enfermedades como la disentería y la tuberculosis, así como el SIDA, se propagan rápidamente. Muchas de estas enfermedades son prevenibles, pero la administración penitenciaria no se da abasto. En Nairobi, Kenia, por ejemplo, mueren al año 100 prisioneros en espera de juicio, muchos a causa de desnutrición y asfixia.
No sólo las enfermedades causan muertes. La situación de Kenia se repite en nuestro continente, pero se agrava por los actos violentos cometidos tanto por los propios internos como por el personal que los resguarda. En Venezuela -donde la sobrepoblación llega hasta 400% en algunas prisiones-, en el año 1994 murieron 274 internos a manos de otros prisioneros.
En agosto de este año, al menos 30 presos murieron en Guatemala por enfrentamientos entre pandillas. Las bandas rivales conocidas como "Mara 18" y "Mara Salvatrucha" llevan a acabo una lucha sin cuartel, utilizando armas de fuego, granadas y machetes. La autoridad penitenciaria no puede controlar estos enfrentamientos. En setiembre del presente año, 12 menores resultaron heridos en el Centro Correccional para Menores "Los Gorriones", por batallas entre los "mareros".
En el año 2003, sólo en Buenos Aires murieron hasta 139 reclusos, además de haber 3,399 heridos. La cifra de los muertos seguirá creciendo no sólo por las enfermedades y enfrentamientos, sino también por los constantes suicidios sospechosos e incendios ocasionales. También se ha denunciado muchos casos de tortura por parte de las autoridades, quienes son permisivos con esta violencia entre los presos, e incluso también la provocan. Por ejemplo, en el primer semestre del 2004, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires recibió 437 denuncias por casos de tortura cometidos contra menores internos. Desde el año 2000, se ha denunciado 3,914 casos ante esta misma corte.
Además de estos atropellos a los derechos humanos, cabe resaltar el auge de las prisiones privadas que está surgiendo en los Estados Unidos, donde hay 2 millones de reclusos (el 25% de todos los presos del mundo). En estos lugares, los prisioneros -en su mayoría negros y latinos- son obligados a trabajar por salarios ridículos que llegan en algunos casos hasta US$ 0.17 por hora. Las grandes corporaciones como IBM, Motorola, AT&T, Microsoft, Macy´s, Hewlett-Packard, etc., son asiduos clientes de esta mano de obra casi gratuita.
La ley de los sin ley
La ley oficial ha sido reemplazada por la ley de los presos. En el Penal de Lurigancho, en Perú, entre 1987 y 1992, la autoridad penitenciaria se retiró del interior del penal, resguardando sólo el perímetro. El establecimiento quedó abandonado a la ley del más fuerte. Es especialista en criminología y Capellán del penal, José Luis Pérez Guadalupe, se dedicó a investigar lo que pasaba dentro.
Pérez Guadalupe descubrió que los internos habían creado una compleja red de autogobierno, que retrataba básicamente las reglas del mundo del hampa fuera del penal. Esta misma situación se produce en las principales macro cárceles de Chile, Argentina, Bolivia y Brasil. Así, en el Perú son los "Taitas" quienes comandan las cárceles; en Chile, los jefes de "cuadrilla"; en Argentina, los dueños de "ranchada"; y en Brasil, los "malandros", reinan en la cárcel.
Como vemos, en toda América Latina, el personal penitenciario es insuficiente para controlar las cárceles. En Honduras, por ejemplo, hay 46.3 presos por cada funcionario. No sólo este es un problema, sino también el costo por recluso. En Brasil, el costo anual de manutención por cada interno es de US$ 4,400.
La solución no está en construir más cárceles ni endurecer las penas. Durante su campaña presidencial en Chile, el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, quien trabajó para el régimen dictatorial del genocida ex General Augusto Pinochet, propuso construir una isla-cárcel al mejor estilo de Alcatraz. Propuestas como las de Lavín olvidan que no se trata de falta de vacantes en las cárceles, sino que están sobre pobladas por gente que ha cometido delitos menores, y de los que la gran mayoría no han sido siquiera sentenciados.
Así, en la provincia de Buenos Aires, el 89% de los detenidos está a al espera de sentencia. En la Unidad N°1 de Olmos, en el 2004, sólo el 3.9% había recibido sentencia. También en Lima, 7,905 están detenidos por tráfico ilícito de drogas y sólo 2,306 están sentenciados; mientras que 5,599 esperan ser procesados por un Poder Judicial que avanza con pies de plomo. La justicia no sólo es ciega -aunque parece ser que mira por un ojo-, sino también coja.
No se trata de meter a todos a la cárcel, hacer de los delincuentes menores cabezas de turco. Las cárceles son como universidades del hampa: Entran por un delito leve y se gradúan de delincuentes avezados. Si queremos combatir este asunto debemos asumir propuestas como la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se basan sobre una reforma social y estructural. Es decir, que hay que prevenir la criminalidad. ¿Cómo? Combatiendo la pobreza y los focos de violencia desde la edad infantil para que los jóvenes no opten por el camino delictivo, para que tengan otras alternativas laborales y económicas.
El hecho de ser privado de la libertad no implica en ningún modo negar la condición de ser humano al prisionero. El Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 10 que, "Todas las personas privadas de su libertad serán tratadas con humanidad y con el respeto inherente a la dignidad de la persona humana".
Sin embargo, las condiciones evidentes de sobrepoblación provocan un hacinamiento en el que se hace imposible que los internos puedan vivir en condiciones dignas. La alimentación y atención médica escasean. En estas condiciones de vida, enfermedades como la disentería y la tuberculosis, así como el SIDA, se propagan rápidamente. Muchas de estas enfermedades son prevenibles, pero la administración penitenciaria no se da abasto. En Nairobi, Kenia, por ejemplo, mueren al año 100 prisioneros en espera de juicio, muchos a causa de desnutrición y asfixia.
No sólo las enfermedades causan muertes. La situación de Kenia se repite en nuestro continente, pero se agrava por los actos violentos cometidos tanto por los propios internos como por el personal que los resguarda. En Venezuela -donde la sobrepoblación llega hasta 400% en algunas prisiones-, en el año 1994 murieron 274 internos a manos de otros prisioneros.
En agosto de este año, al menos 30 presos murieron en Guatemala por enfrentamientos entre pandillas. Las bandas rivales conocidas como "Mara 18" y "Mara Salvatrucha" llevan a acabo una lucha sin cuartel, utilizando armas de fuego, granadas y machetes. La autoridad penitenciaria no puede controlar estos enfrentamientos. En setiembre del presente año, 12 menores resultaron heridos en el Centro Correccional para Menores "Los Gorriones", por batallas entre los "mareros".
En el año 2003, sólo en Buenos Aires murieron hasta 139 reclusos, además de haber 3,399 heridos. La cifra de los muertos seguirá creciendo no sólo por las enfermedades y enfrentamientos, sino también por los constantes suicidios sospechosos e incendios ocasionales. También se ha denunciado muchos casos de tortura por parte de las autoridades, quienes son permisivos con esta violencia entre los presos, e incluso también la provocan. Por ejemplo, en el primer semestre del 2004, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires recibió 437 denuncias por casos de tortura cometidos contra menores internos. Desde el año 2000, se ha denunciado 3,914 casos ante esta misma corte.
Además de estos atropellos a los derechos humanos, cabe resaltar el auge de las prisiones privadas que está surgiendo en los Estados Unidos, donde hay 2 millones de reclusos (el 25% de todos los presos del mundo). En estos lugares, los prisioneros -en su mayoría negros y latinos- son obligados a trabajar por salarios ridículos que llegan en algunos casos hasta US$ 0.17 por hora. Las grandes corporaciones como IBM, Motorola, AT&T, Microsoft, Macy´s, Hewlett-Packard, etc., son asiduos clientes de esta mano de obra casi gratuita.
La ley de los sin ley
La ley oficial ha sido reemplazada por la ley de los presos. En el Penal de Lurigancho, en Perú, entre 1987 y 1992, la autoridad penitenciaria se retiró del interior del penal, resguardando sólo el perímetro. El establecimiento quedó abandonado a la ley del más fuerte. Es especialista en criminología y Capellán del penal, José Luis Pérez Guadalupe, se dedicó a investigar lo que pasaba dentro.
Pérez Guadalupe descubrió que los internos habían creado una compleja red de autogobierno, que retrataba básicamente las reglas del mundo del hampa fuera del penal. Esta misma situación se produce en las principales macro cárceles de Chile, Argentina, Bolivia y Brasil. Así, en el Perú son los "Taitas" quienes comandan las cárceles; en Chile, los jefes de "cuadrilla"; en Argentina, los dueños de "ranchada"; y en Brasil, los "malandros", reinan en la cárcel.
Como vemos, en toda América Latina, el personal penitenciario es insuficiente para controlar las cárceles. En Honduras, por ejemplo, hay 46.3 presos por cada funcionario. No sólo este es un problema, sino también el costo por recluso. En Brasil, el costo anual de manutención por cada interno es de US$ 4,400.
La solución no está en construir más cárceles ni endurecer las penas. Durante su campaña presidencial en Chile, el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, quien trabajó para el régimen dictatorial del genocida ex General Augusto Pinochet, propuso construir una isla-cárcel al mejor estilo de Alcatraz. Propuestas como las de Lavín olvidan que no se trata de falta de vacantes en las cárceles, sino que están sobre pobladas por gente que ha cometido delitos menores, y de los que la gran mayoría no han sido siquiera sentenciados.
Así, en la provincia de Buenos Aires, el 89% de los detenidos está a al espera de sentencia. En la Unidad N°1 de Olmos, en el 2004, sólo el 3.9% había recibido sentencia. También en Lima, 7,905 están detenidos por tráfico ilícito de drogas y sólo 2,306 están sentenciados; mientras que 5,599 esperan ser procesados por un Poder Judicial que avanza con pies de plomo. La justicia no sólo es ciega -aunque parece ser que mira por un ojo-, sino también coja.
No se trata de meter a todos a la cárcel, hacer de los delincuentes menores cabezas de turco. Las cárceles son como universidades del hampa: Entran por un delito leve y se gradúan de delincuentes avezados. Si queremos combatir este asunto debemos asumir propuestas como la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se basan sobre una reforma social y estructural. Es decir, que hay que prevenir la criminalidad. ¿Cómo? Combatiendo la pobreza y los focos de violencia desde la edad infantil para que los jóvenes no opten por el camino delictivo, para que tengan otras alternativas laborales y económicas.
foto: rpp noticias
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